CAUSA LA PERLA: CONDENA PERPETUA AL HORROR

Los Organismos de Derechos Humanos de Salta, que con nuestra presencia, acompañamos  la ejemplar sentencia en el Juicio más extendido de la historia reciente y que se desarrolló en la Ciudad de Córdoba y que se conoció como Megacausa La Perla y otros centros detención clandestinos, 354 audiencias por casi 4 años que llevó a 43 imputados a esta Sentencia.

Para nosotros que reafirmamos la doctrina jurídica que califica a estos hechos aberrantes como de lesa humanidad, que lastiman a toda la humanidad, y llegar a condenas ejemplares perpetua a 28 represores, fueron las que mayor impacto causaron a las más de 20.000 personas que marchamos hasta el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba,(presidido por el sr Juez Jaime Díaz Gavier), encargado de juzgar y sancionar al terrorismo de estado por 14.320 hechos criminales, 10 sancionados con penas de 2 a 21 años de cárcel y 5 absoluciones. Gravísimos delitos como: la creación de campos de concentración clandestinos, desaparición forzada de personas, torturas, delitos sexuales, robo y supresión de identidad de bebés, asesinato de menores, delitos económicos como la liquidación de la fábrica Makentor, etc.

El reconocimiento por parte del tribunal que le imponen a todos los condenados se califican como delitos de lesa humanidad y se dictan en el momento en que se sufre los retrocesos en la política de Derechos Humanos desde la cúpula del Gobierno nacional, que niega la importancia de los mismo banalizando la consigna abrazada por la sociedad de los más de 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, que vuelve con los argumentos de los defensores de  la dictadura cívico-militar denominada “teoría de los demonios” o “guerra sucia”, que retacea la posibilidad de ayuda y seguridad de los testigos, que devuelve privilegios y supra poderes a los militares.

Para nosotros es fundamental estar presente, en esta coyuntura no es menor el gesto de una parte de la sociedad que dice Basta de revocar penas y beneficiar a genocidas con prisiones domiciliarias, basta con los retrocesos en materia de política de protección a los trabajadores y a los asalariados y abuso con los más humildes que luchan o que realicen actos de protesta o defensa de los derechos constitucionales o mejoras conquistadas.

Acompañamos a las organizaciones nacionales como la Red Nacional de H.I.J.O.S , Abuelas de Plaza de Mayo y demás Organizaciones  que conjuntamente con la concurrencia a este acto también reclamaron por la liberación de la compañera Milagro Sala y demás presos políticos de Jujuy, provincia que también pretenden transformar este reclamo sobre derechos constitucionales que los asisten suspendidos por capricho político de quienes asumen el poder judicial de esa provincia.

Seguimos promoviendo la Memoria Activa y llamamos a las organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y sociales a generar acontecimientos que confluyan en las calles de nuestra provincia que signifiquen marcar posiciones y garanticen derechos de los más afectados por este modelo de retrocesos sobre las batallas ganadas, el juicio a terminado pero la lucha continua.

Los Desaparecidos Nos Faltan a Todos. No Perdonamos, No nos reconciliamosCárcel, Común, Perpetua y Efectiva. 30.000 Compañeros Presentes.

Asociación Lucrecia Barquet, HIJOS Salta, Agrupación Oscar Smith de Luz y Fuerza, Colectivo de Juicio y Castigo

Tel de Contactos: 0387-154096625 / 0387-154031968 /154432993.

Senadores salteños reivindican el Operativo Independencia

Por Elena Corbalan

 

Mientras en San Miguel de Tucumán está llevándose a cabo el primer juicio por los crímenes contra la humanidad cometidos durante el denominado Operativo Independencia, los senadores Mashur Lapad, Pedro Liverato y Ruben Lávaque presentaron un proyecto de declaración que apoya una iniciativa legislativa nacional para reconocer a los ex soldados que participaron de ese operativo como ex combatientes en una guerra.

El proyecto de los senadores, dado a conocer por la senadora Gabriela Cerrano en su cuenta de Facebook, propone que el Senado salteño haga una declaración diciendo que “vería con agrado” que diputados y senadores provinciales y “el Congreso Nacional en pleno, impulsen y otorguen tratamiento definitivo y aprueben” un proyecto de ley presentado en 2009 por los legisladores Octavio Arguello y Edith Olga Llanos que otorga una “pensión reparatoria” a los conscriptos de las clases 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62 y 63, que “participaron -sostiene el proyecto de Lapad, Liverato y Lávaque- en los conflictos armados como ‘Operativo Independencia’, ‘Operativo Soberanía Canal de Beagle’, ‘Operativo Islas Malvinas’”.

La iniciativa, que pone en plano de igualdad al Operativo Independencia (llevado a cabo por el Ejército, desde febrero de 1975, por orden de gobierno de María Estela Martínez de Perón, con el objetivo de derrotar a la guerrilla instalada en esa provincia) y a la guerra contra una potencia extranjera como Gran Bretaña, recuerda que en la provincia hay “9.400 ex soldados que esperan este beneficio y 800.000 en todo el país” y reseña también que el trámite para esta pensión fue iniciado ya por la Asociación de Ex Combatientes Conscriptos Salteños y Otros de la Provincia de Salta (…) y por la Mesa Nacional de Ex Soldados Conscriptos de la República Argentina.

Lapad, Liverato y Lávaque añaden que verían con agrado que el Gobierno de Salta gestione ante el Poder Ejecutivo Nacional y ante el Congreso el tratamiento y aprobación de la ley.

“No te voy a decir que en Tucumán no se torturó”

 

Un ex soldado salteño que participó del Operativo Independencia en Tucumán justificó la tortura como medio para obtener información, y aseguró que este operativo militar fue “una guerra”. Marcelo Dorado es integrante de la Asociación de Ex Combatientes del Operativo Independencia y desde 2005 viene reclamando que los reconozcan como ex combatientes y les otorguen una pensión y obra social.

“La guerra del Operativo Independencia fue una guerra de inteligencia” y “en inteligencia sí se tortura, no te voy a decir que en Tucumán no se torturó”, sostuvo Dorado ante la consulta de Nuevo Diario respecto del proyecto de declaración de tres los senadores provinciales Mashur Lapad, Pedro Liverato y Rubén Lávaque, para que se los reconozca como ex combatientes.

Dorado aclaró que no presenció actos de tortura, “pero sé que se han usado métodos, porque la única manera de que un guerrillero hable es metiéndole picana o tortura. Todo ejército tortura a sus prisioneros, no hay ninguno, llegado el caso, los guerrilleros se basaban en Rusia, y los rusos torturaban, entonces no nos pongamos el sayo de santos”, afirmó.

Según Dorado, que hizo el servicio militar en Salta, en Tucumán no hubo Centros Clandestinos de Detención (CCD), sino Lugares de Reunión de Detenidos (LRD), tal como lo planteó el primer jefe del Operativo, el general Acdel Vilas. En Tucumán se está llevando a cabo un juicio por 270 personas que padecieron torturas, fueron asesinados o fueron desaparecidas durante este Operativo. Y hay otras investigaciones por otras tantas víctimas.

“No meta en la misma bolsa todo, no es lo mismo un centro clandestino de detención que un LRD”, se quejó cuando se le preguntó sobre los centros de tortura. “Hasta los norteamericanos han hecho campos de concentración de prisioneros, entonces, ¿dónde metés vos a los guerrilleros que agarrás? En la Escuelita de Famaillá, que ahí estábamos nosotros”, justificó.

Afirmó que “la otra parte” los llama clandestinos, “todo es clandestino para la otra parte”, volvió a quejarse antes de reivindicar: “Es legal tener un lugar de reunión de detenidos, campos de detenidos, es legal, porque en una guerra se tiene que tener donde meterlos a los prisioneros. Entonces como sería de clandestino que estaba en medio del pueblo de Famaillá y todo el mundo lo conocía, hay que ser miope para decir eso”.

En ese punto fue que reconoció que hubo torturas, aunque dijo que no las vio.

Sin embargo, volvió a insistir en que “no eran ningunos ángeles los chicos del otro lado”. “Sabemos muy bien que el Ejército ha hecho cagada, pero también sabemos que del otro lado se ha hecho cagada, acá el problema es reconocer”, aseguró.  Asimismo, además de recordar la ya conocida disposición de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, aprobando la aniquilación de la guerrrilla, Dorado aseveró que el 21 de enero de 1974, tras el ataque del ERP a la guarnición militar de Azul, el entonces presidente Juan Domingo Perón emitió un radiograma ordenando el exterminio de los guerrilleros.

 

Ex combatientes

Dorado sostuvo que quienes participaron del Operativo Independencia, llevado a cabo por el Ejército entre enero de 1975 y marzo de 1976, y considerado la antesala de la última dictadura cívico militar, evitaron “la secesión del territorio argentino”, que, según afirmó, intentaba el líder guerrillero Roberto Santucho. En el mismo sentido aseguró que “Santucho declaró la guerra al ejército contrarrevolucionario, que era el Ejército Argentino, desde Francia. Después, usaban grados militares y usaban uniformes, por lo tanto eran ejército, ellos se llamaban Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), así que eran ejército”, argumentó.

Insistió en que los erpianos intentaban “tomar un territorio”, el que quedó demarcado en el teatro de operaciones del Ejército, entre el río Toro y Tafí Viejo y entre la ruta nacional 34 y el Cordón de Aconquija. “Cualquier ejército que está en guerra ponen en un teatro de operaciones, y el soldado que ha estado en un teatro de operaciones es un combatiente, y cuando se acaba es un ex combatiente, eso es lo que reclamamos nosotros”, sostuvo.

La Asociación que dirige Dorado reclama que se los reconozca como ex combatientes y se les otorgue una pensión. Empezaron a agruparse en 2004, en 2005 se constituyeron formalmente y presentaron un reclamo en Presidencia. Después fueron al Senado y a Diputados. En 2007 y 2009 se presentaron proyectos de ley que buscan otorgarles el reconocimiento, aunque no recibieron tratamiento parlamentario.

 

 

Dictadura Civico - Militar -Empresarial: Doce años de prisión para Levín, Bocos y Almirón

 Por Elena Corvalan

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta condenó ayer a 12 años de prisión al empresario Marcos Jacobo Levín y a los policías retirados Víctor Hugo Almirón y Víctor Hugo Bocos, mientras que el policía retirado Enrique Cardozo fue condenado a ocho años de prisión. Los cuatro fueron declarados responsables de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos agravada, por la detención y las torturas de las que fue víctima Víctor Manuel Cobos en enero de 1977.

En una decisión por mayoría, con los votos de los jueces Federico Díaz y Carlos Jiménez Montilla, el Tribunal declaró al empresario  partícipe necesario de estos hechos. Almirón fue declarado coautor mediato y Bocos y Cardozo, coautores materiales, es decir que fueron los ejecutores de la detención y torturas. El juez Gabriel Casas no estuvo de acuerdo en la calificación de privación ilegítima de la libertad y votó por penas sensiblemente menores.

En enero de 1977 una quincena de empleados de La Veloz del Norte fueron acusados por una presunta estafa a la patronal y fueron detenidos, torturados y obligados a firmar confesiones falsas. El juicio se hizo solo por la detención de Cobos, los hechos sobre los otros empleados esperan una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para avanzar en el proceso.

La sentencia fue leída por la secretaria de Derechos Humanos del TOF, Denise Blajent Bent, pasadas las 16:30, la hora que había fijado el presidente del Tribunal, Díaz, para dar a conocer el veredicto. Una sala colmada escuchó la lectura en un silencio que permitió escuchar la ovación de los militantes políticos y de derechos humanos que escuchaban desde la calle cuando se leyó el punto que daba cuenta de la condena a Levín.

Por mayoría los jueces rechazaron primero las peticiones de las defensas: “no hacer lugar a la prescripción de la acción penal y en consecuencia declarar a los hechos juzgados como pertenecientes a la categoría de delitos de lesa humanidad”, “no hacer lugar al planteo de nulidad en relación del requerimiento de elevación de la causa a juicio” y en cuanto a las acusaciones por indeterminación de la acusación.

Enseguida se enumeraron las penas: condena de 12 años de prisión para Almirón en calidad de “coautor mediato”; de 12 años para Bocos, como “coautor material”; 12 años para Levín, en calidad de “partícipe necesario”, y de 8 años para Cardozo, como “coautor material”. Los fundamentos de la decisión se conocerán el 25 de mayo, a las 12, informó la secretaria y concluyó la sesión. Entonces en la sala prorrumpió el grito: “¡30 mil compañeros desaparecidos! ¡Presentes!”.

Levín se convirtió así en el primer empresario condenado en el país por su participación en actos de terrorismo de Estado. Se lo acusó de haberse valido del aparato represivo estatal para disciplinar a los trabajadores de La Veloz del Norte, que por entonces le pertenecía, y obtener también beneficios económicos, como la explotación de más rutas comerciales.

 

Una puerta a  nuevos procesos

 

La sentencia fue bien recibida por Víctor Cobos, quien participó de este proceso como querellante, junto a la organización Encuentro Memoria Verdad y Justicia. También los abogados David Leiva, Susana Aramayo y Oscar Rodríguez, de las querellas, consideraron positivo el fallo. En términos parecidos se expresaron los fiscales Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila, si bien aclararon que esperarán a conocer los fundamentos para decidir si apelan. Las defensas ya habían adelantado que apelarían un posible fallo de condena.

Cobos consideró que el fallo “abre las puertas a mucha gente que ha sufrido en manos del terrorismo de Estado” y cuyos ejecutores “estaban amparados por empresarios”. “Espero que esto sirva para que muchos empresarios (sean juzgados), y muchos que fueron afectados en aquella época salgan a denunciar y no tengan miedo, porque van a tener el apoyo de los derechos humanos”, se esperanzó.

Ni bien se levantó la audiencia Cobos se abrazó con abogados y los militantes cercanos. Enseguida alabó a los dos jueces que fallaron a favor de la condena por ambos delitos: “No tuvieron miedo de dictar una sentencia como la que realmente esperábamos”, festejó. “Agradezco a dios y a toda la justicia. No hay que bajar los brazos para que se haga justicia por todos los desaparecidos”, convocó.

Similares expresiones tuvo minutos después al hablar en el acto que se improvisó en la calle Deán Funes, donde bandas locales amenizaron la espera, y donde también hablaron, y festejaron los abogados querellantes. “Hoy este sentencia vino a traer una verdad escrita y formal”, afirmó David Leiva, quien explicó que los empresarios que formaron parte de la dictadura se beneficiaron quedándose con la mayor parte de la renta, con la derogación de gran parte de la ley de contrato de trabajo y con la cesación de los reclamos laborales.

 

 “Totalmente inocentes”

Los cuatro acusados coincidieron ayer en declamar su inocencia ante el Tribunal Oral Federal de Salta. Fue al comienzo de la audiencia, que comenzó puntualmente a las 15, cuando el presidente, Federico Díaz, cumplió con el rito de preguntarles si querían decir algo antes de que  el Tribunal pasara a deliberar. Los cuatro dijeron que sí.

Víctor Hugo Almirón fue el primero: Pidió disculpas “por las molestias que he podido ocasionar” y enseguida se declaró inocente: “En toda esta causa no tengo nada que ver”, aseguró antes de afirmar que confía “en la Justicia” y “sobre todo, confío en Dios”.

“Me siento totalmente inocente”, aseguró a continuación Víctor Bocos, y pidió que “realmente se haga justicia”.

Enrique Cardozo también aseguró que no tiene “nada que ver” con la acusación. Levín cerró las intervenciones: “Soy totalmente inocente”, sostuvo.

 

Público

El coordinador del Programa Verdad y Justicia, Beinusz Smukler, se contó entre los funcionarios nacionales que escucharon la lectura de la sentencia.

Entre el público se destacó la presencia de Sonia Rey, ex empleada de La Veloz del Norte que se contó entre los detenidos de enero de 1977 y ha sido una de las testigos que sustentó la acusación. También participaron militantes de organismos de derechos humanos de Metán, Jujuy, Tucumán y La Plata.

 

No hubo detención irregular

El juez tucumano Gabriel Casas votó en disidencia, considerando que no hubo privación ilegal de la libertad. Aunque no se conocieron las razones para esta decisión, se supone que interpretó que la actuación de los policías de la Comisaría 4° estuvo enmarcada en las normas legales de la época, que permitían a la Policía realizar allanamientos y detenciones sin participación de un juez.

Casas sí estuvo de acuerdo en que los cuatro acusados son responsables de la aplicación de tormentos, pero votó por penas sensiblemente menores, sobre todo para Levín, para quien votó por una pena de 3 años de prisión en suspenso, en calidad de “cómplice secundario”.

Para los policías votó por penas más duras: 8 años de prisión para Almirón y Bocos, y 6 años para Cardozo.

Lectura de la sentencia de la Causa Levín.el 28 de marzo Salta no duerme la siesta

Por Elena Corvalán

 

“El 28 de marzo Salta no duerme la siesta. Todos al Juzgado Federal a escuchar la sentencia en el primer juicio a un cómplice civil de la dictadura”.La invitación es de los organismos de derechos humanos de Salta, que están realizando una campaña de difusión de la finalización del juicio oral y público que desde agosto del año pasado se sigue contra el empresario Marcos Jacobo Levín y tres policías retirados, acusados por el secuestro y los tormentos a Víctor Manuel Cobos, en enero de 1977.

La frase es parte de un afiche, en el que Levín aparece con ropa de presidiario, que se promociona en las redes sociales, una acción que se complementa con spots y comunicados de difusión de la lectura del fallo que daráel Tribunal Oral Federal de Salta, integrado por los jueces Federico Díaz, Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas, el lunes 28, a partir de las 15.

La campaña, llevada adelante por la agrupación HIJOS Salta, la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet y la Agrupación Oscar Smith, ha recibido la adhesión de Cobos, quien usó la red social Facebook para afirmar que en este juicio se ha aportado una “inmensa cantidad de pruebas” de la responsabilidad de Levín y de los policías retirados Víctor Hugo Almirón, Víctor Hugo Bocos y Enrique Cardozo en su detención y torturas. El querellante sostuvo que los jueces solo “tienen que actuar con total justicia y acabar con la impunidad de los poderosos”.

Los querellantes, Cobos y la Asociación Encuentro Memoria Verdad y Justicia, han solicitado penas de 20 años de prisión para Levín, Almirón y Bocos, y de 18 años para Cardozo, por su condición de subalterno en el momento en el que se cometió el hecho objeto de este proceso.

Para las querellas, el rol de Levín, al que se juzgó por instigar estos hechos, fue más grave aún que los ejecutores materiales, porque en su posición de presidente de la Federación de Empresarios de Transporte (FESTAP) y propietario de la empresa de transporte más importante de la región y que realizaba aportes a las fuerzas de seguridad, se valió de la estructura represiva estatal para disciplinar a sus empleados y obtuvo beneficios de las autoridades dictatoriales, como ampliar las rutas comerciales de su firma.

La Fiscalía coincidió en la gravedad de los hechos pero pidió penas de 18 años de prisión para Levín, 17 años para Almirón y Bocos, y 16 años para Cardozo.

En cambio, las defensas insistieron en que estos hechos pueden considerarse delitos contra la humanidad y pidieron la absolución de sus defendidos. Hubo matices: el abogado Marcelo Arancibia, que asiste a Levín y Cardozo, solicitó que se declare la incompetencia del tribunal federal para entender en este proceso y se remita la causa a la justicia federal (donde debería ser cerrada sin más, por haber prescripto el plazo que prevé la ley para perseguir el delito que se investiga). El defensor oficial Federico Petrina pidió que, de rechazarse el planteo de prescripción de la causa, Almirón y Bocos sean condenados al mínimo de la pena prevista para la tortura, y si el Tribunal considera que debe aplicarles una pena mayor, que sea en prisión domiciliaria.

Para la acusación, los hechos que se investigan en este proceso se remontan a principios de la década del 70, cuando se organizó el gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en Salta y otras provincias del NOA y comenzó una serie de reclamos por mejoras laborales en las compañías de transporte. La efervescencia de los reivindicaciones obreras, y las condiciones de trabajo no siempre buenas, llevaron a que pocos días antes del golpe la FESTAP pidiera a la Policía de Salta y otras fuerzas que aplicaran la ley antisubversiva a los gremialistas de la UTA. En ese marco de confrontación, que se mantuvo aún después del golpe del 24 de marzo de 1976, aunque con menos ímpetu, se llegó al 21 de enero de 1977, día en que Levín denunció ante la Comisaría 4° de Salta un supuesto fraude a su firma. Para la acusación, el empresario entregó la lista de los trabajadores que debían ser detenidos, más de 20. Al menos 16 empleados de La Veloz fueron alojados en la Comisaría y obligados a firmar confesiones bajo tortura. Almirón fue acusado porque era el jefe de la 4°; Bocos, que cumplía el doble rol de subcomisario y empleado de La Veloz, porque todos lo mencionan como el autor de las detenciones y las torturas, junto a Cardozo. Aunque varios trabajadores pidieron que se investiguen estos hechos, solo la denuncia de Cobos llegó a juicio porque en primera instancia la justicia federal de Salta consideró que solo en su caso, por ser gremialista, se trató de una persecución política. Los demás esperan todavía un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para saber si sus casos llegan a juicio oral.

Las defensas afirman que Levín no tenía ninguna vinculación con la represión estatal y solo denunció a empleados infieles que estaban robándole con una maniobra con los boletos. Y que los policías detuvieron a los trabajadores en el marco de las facultades que les daban las normas de la época, y llegan a la conclusión de que no hubo torturas porque el médico que revisó a los detenidos no consigna lesiones en sus cuerpos.

El 28 de marzo se sabrá que dice el Tribunal.

 

Mes emblemático

La sentencia en el juicio a Levín llega en un mes emblemático para los ex detenidos políticos y familiares de víctimas del terrorismo estatal. Por eso la lectura el acompañamiento a la lectura de la sentencia ha sido incluída en la serie de actividades que vienen llevándose a cabo en el marco del Marzo de la Memoria.

Entre estas acciones, el 23 se hará una vigilia con el Recital por la Memoria, en el anfiteatro del Parque San Martín, a partir de las 17.

El 24 de marzo, a las 15, se desarrollará la marcha bajo la consigna “Todos por una sola plaza”, en la plaza 9 de Julio de esta ciudad. Por la tarde, a partir de las 18, se hará un acto conmemorativo del día nacional de la memoria, en el Portal de la Memoria, en el Parque San Martín.

El mes cerrará con la lectura de la sentencia en el juicio a Marcos Levín, el 28, a partir de las 15, en la calle Deán Funes, entre Belgrano y España.

 

Documento único del 24 de marzo a 40 años del golpe

ACTO 24 DE MARZO DE 2016 – A 40 AÑOS DEL GOLPE CIVICO- MILITAR.

Hoy nos convocamos para rendir un homenaje a todas las compañeras y compañeros que fueron víctimas del terrorismo de estado que azotó nuestro país hace 40 años.

Este 24 de marzo nos encuentra amenazados por el imperio que ya no necesita de los militares para efectuar golpes de estado porque hoy lo hace a través de los llamados golpes blandos, usando los medios para instalar candidatos que someten al pueblo a un plan de ajuste y regresión a los nefastos años 90’ y a la aplicación de medidas económicas implementadas por Martínez de Hoz en la dictadura genocida de 1976.

El 24 de marzo de cada año es una jornada de reflexión y lucha. La dictadura civico-militar del 76 aplicó un plan de exterminio para concretar un modelo económico de entrega de nuestro patrimonio nacional que significó un duro retroceso para nuestro pueblo.

La llegada del macrismo si bien es el resultado de las necesidades de los poderosos de la economía local, igualmente debemos encontrar explicación en las urgencias de gobiernos y corporaciones capitalistas internacionales por recolonizar buena parte del planeta que, especialmente en los ultimos tres lustros habían optado por un destino soberano, lo que les posibilitó un crecimiento económico, independencia política y por consiguiente una relativa mejor calidad de vida. Al propio tiempo se  vio el surgimiento de estructuras marginadas de los imperios tradicionales y sus organismos de dominación, tal la experiencia latinoamericana de la CELAC, el MERCOSUR, UNASUR etc. Y por añadidura la decisión politica de un bloque de paises de la región que el 5 de noviembre del 2005 encabezados por Néstor Kirchner (Argentina), Lula da Silva (Brasil), Hugo Chávez (Venezuela), concretando  el divorcio del AlCA de W. Busch, sin obviar el importante significado del BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sud ÁfrIca).

  la innegable recesión que azota y preocupa a los regímenes dominantes del mundo capitalista, particularmente producida por la desaceleración económica de la gigantesca república popular china, es la clave del porque la fuerte embestida de los ee.uu para hacerse, a como de lugar nuevamente de naciones relativamente emancipadas de su histórica hegemonía, tal los casos de Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia Uruguay y argentina. Los días que corren son claros al respecto, México, Colombia, Perú y algunos más ya están bajo sus garras. De la lucha coordinada de los pueblos del mundo que no quieran volver a un pasado de miseria y humillación, como lo que se avisora, dependerá que vuelva a rebrotar la autodeterminación de los pueblos y el bienestar común.

La prueba de lo dicho es el papel desempeñado por  los diputados que dicen representarnos, Pablo Kosiner, Javier David y Eva Isa, dando el acuerdo al pago de los fondos buitres, proyecto presentado por el oficialismo que no es otra cosa que volver al sistema de endeudamiento con intereses usurarios que tanto daño hizo al pueblo argentino y que nos llevo a la crisis del 2001.

El ajuste en el país se expresa claramente con los miles de despidos de empleados públicos y privados. El desmantelamiento de áreas de la secretaría de derechos humanos de la nación, de la secretaría de agricultura familar y del registro nacional de trabajadores agrícolas (RENATEA)

Amenaza  y despidos de periodistas críticos al gobierno nacional.

Intervención al Afsca con una clara política para favorecer a los medios monopólicos.

Eliminación de las retenciones favoreciendo a los sectores mas concentrados nacionales y transnacionales del agronegocio y a las multinacionales de la minería.

El crecimiento acelerado de la inflación que perjudica directamente al bolsillo de los trabajadores.

Y seguimos enumerando las múltiples acciones de este gobierno en perjuicio del pueblo, el protocolo de seguridad que coharta el derecho a manifestarse públicamente y que posibilita la judicializacion de la protesta .

Las reacciones neofascistas que se expresaron en los ataques a sedes de nuevo encuentro  en buenos aires y en una sede de la Cámpora en mar del plata, son el resultado de la violencia y el revanchismo promovido por algunos sectores de la alianza cambiemos.

Compañeros  la situación actual está muy lejos de parecerse a los sueños de los militantes de los 70’ que luchaban no para poner parches en el sistema capitalista sino para producir un profundo cambio en la estructura económica que garantizara una distribución equitativa de la riqueza eliminando la pobreza para siempre.

Los organismos de derechos humanos reivindicamos su lucha por una sociedad  justa donde los derechos de todos sean respetados.

Pero ellos ya no están, nos toca a nosotros luchar por esa justicia que para ellos no existió, por eso nosotros en nuestro incansable  reclamo logramos concretar juicio y condenas  ejemplares en la mayoría de los casos como los de Aldo Melitón Bustos, Palomitas I y II, Ragone I y II, Megacausa Salta, Causa Metán  y el 28 de marzo estamos prontos a finalizar con el juicio llevado a cabo contra Marcos Levín ex dueño de la Veloz del Norte, primer empresario que fue procesado y llevado a juicio por delito de lesa humanidad, como también a tres ex policias, Victor Almiron, Victor Hugo Bocos y Enrique Cardozo.

Este juicio se pudo realizar por la valentía de victor cobos victima de torturas que denunció a Levin importante empresario que allá en el año 1977 formó una empresa criminal con un sector de la policía como lo fue la cúpula de la comisaría 4ta. Donde además de Cobos, 15 empleados de la Veloz del Norte de Salta y Tucumán fueron torturados y obligados a hacerse cargo de una estafa a la empresa, todos ellos direccionados por Marcos Jacobo Levin. Así operaban los empresarios económicamente poderosos y cómplices de la dictadura sangrienta del 76.  Compañeros esperamos una sentencia justa por el delito cometido. Este 28 de marzo a las 15 hs. El Tribunal Oral Federal de Salta tendrá la responsabilidad de dictar sentencia, condenar al empresario represor o liberarlo y que el delito quede impune como lo está desde hace 39 años.  

También los militantes que fueron  desaparecidos de Oran tendrán justicia porque todos los lunes a las 9 y 30 de la  mañana se está juzgando a los imputados en esa causa. No flaquearemos, seguiremos la lucha hasta conseguir para los represores condenas ejemplares.

Compañeros exigimos que se concrete definitivamente la desclasificación de los documentos que se encuentran en los archivos de ee.uu. Donde seguramente constan valiosa información sobre el destino de los niños apropiados que viven alli como asi también la complicidad de la cia y otros servicios secretos en el plan condor.

Reiteramos el reclamo al gobierno nacional y provincial para que dispongan de elementos que posibiliten la búsqueda de los cuerpos de nuestros familiares.

Reclamamos que se concreten la señalización de sitios de la memoria en la jefatura de policía de la provincia, guarnición ejército salta, ex comisaría cuarta, gendarmería de Orán y RIM 28 de Tartagal

Reiteramos la restitución de territorios a las comunidades indígenas y criollas. Cese de desalojos, despojos y violencia contra las comunidades campesinas indígenas.

Denunciamos la violación del debido proceso y el derecho de defensa por la detención de Milagro Sala que prueba la criminalización de la protesta.

Denunciamos las sospechosas y frecuentes muertes de presos en comisarías y cárceles provinciales y nacionales.

 en estos pocos meses de gobierno macrista estamos viviendo un profundo retroceso en los derechos del pueblo, por eso compañeras y compañeros llamamos a unir nuestras fuerzas en un solo puño, para seguir con los juicios hasta terminar con todos los genocidas presos y continuar luchando por una patria libre y soberana como soñaron nuestros compañeros detenidos-desaparecidos hasta lograr la victoria final. Los desaparecidos viven en cada compañero que lucha

No nos dejemos vencer compañeros, salgamos de la tristeza paralizante y recuperemos la alegría militante.

No olvidamos – no perdonamos

Exigimos justicia

30.000 compañeros detenidos – desaparecidos

      PRESENTES – AHORA Y SIEMPRE

FIRMAN: Asociación Lucrecia Barket, H.I.J.O.S Salta, Agrupación Oscar Smith de Luz y Fuerza, Encuentro Memoria Verdad y Justicia, Colectivo Juicio y Castigo Salta     

  

Los Organismos de DDHH de Salta exigen pena de 20 años para empresario Levin

Por Elena Corvalán

Piden condena de 20 años de prisión para Levín y dos policías. 

Las querellas pidieron que el empresario Marcos Jacobo Levín sea condenado a 20 años de prisión, como partícipe necesario de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada en concurso real con tormentos. Igual pena pidieron para los policías retirados Víctor Hugo Almirón y Víctor Hugo Bocos, en su caso como coautores de estos delitos, mientras que para el policía Enrique Cardozo solicitaron 18 años de prisión, atendiendo a su condición de subordinado en enero de 1977, cuando detuvieron y torturaron a Víctor Manuel Cobos.

Los abogados querellantes Susana Aramayo, David Leiva, Grisel Kolbl y Oscar Rodríguez se tomaron más de 5 horas para fundamentar su solicitud de condena para los cuatro hombres que llegaron acusados por la detención y las torturas que padeció Cobos luego de que fuera denunciado por Levín por una supuesta estafa que nunca fue probada.

“No encontramos atenuantes”, explicó ya sobre el final de los alegatos Grisel Kolbl, y enumeró las razones para pedir estas penas: se trata de “delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado”; se utilizó el aparato organizado del poder estatal, sus policías, sus jueces; se valieron del gran poder empresarial. Y, del otro lado, “la indefensión de la víctima”, un simple trabajador enfrentado a estos poderes; el “doble carácter de la tortura” y el daño que sufrieron él y sus familiares. La abogada dijo que las penas tienen un “claro contenido reparatorio para Víctor Manuel Cobos”.

Kolbl sostuvo: “Se encuentra probado que Bocos dirigía las sesiones de tortura”, que “Cardozo aplicaba la picana”, que ambos instaban a los trabajadores para que se auto incriminaran bajo tortura. Y que “Levín proporcionó la lista de los trabajadores que debían ser torturados”, que “supervisaba la tortura”, “proporcionaba los medios de movilidad” y “obtuvo ganancias del disciplinamiento de sus trabajadores, que a partir de ahí se quedaron sin representación de la UTA (Unión Tranviarios Automotor)”. Levín, Almirón, Bocos y Cardozo, escucharon en silencio, detrás de sus abogados, separados del público por las columnas de la sala.

 

“La comisaría de Levín”

Luego de que Aramayo trasara un perfil de la víctima y de que Leiva hiciera un repaso por el contexto histórico en que devino la aplicación del terrorismo de Estado en la Argentina, Rodríguez sostuvo que la detención ilegal y las torturas de un número todavía indeterminado de trabajadores de La Veloz del Norte fue “un eslabón más” del plan sistemático de eliminación de personas ejecutado por la última dictadura. Afirmó que el rol del empresario fue “determinante” por el poder económico que tenía y el poder sobre los policías. “Levín ha tenido efectivo dominio de la acción”, a tal punto que “la Comisaría 4° era la comisaría de Levín”, enfatizó.

El querellante aseguró que el secuestro de Cobos y de los otros empleados (que todavía esperan una decisión de la Justicia para avanzar en el juicio) “está en un contexto de sistema de poder y tiranía” y “por eso es de lesa humanidad”; como una muestra de que estos hechos encuadran dentro de este tipo de delitos, recordó que “hace 40 años que ocurrió esto y todavía no tenemos sentencia”.

El abogado sostuvo que hubo una “empresa criminal conjunta”, por lo que los acusados son coautores. Sin embargo, como Levín no era funcionario estatal le aplicaron la figura de partícipe necesario.

Rodríguez hizo una apelación al Tribunal para que considere que no se puede aceptar que en el país haya detenciones como las llevadas a cabo por la Comisaría 4°, sin orden judicial, sin acta de detención, sin la asistencia del Estado para informar a sus familiares y darles la oportunidad de tener un abogado defensor.

 

Monstruo bicéfalo

El abogado David Leiva recordó ayer que el Estado terrorista tuvo un doble estándar. “Fue un monstruo de bicéfalo, un monstruo de dos cabezas”, uno Estado legal, a la vista de todos, que seguía con la administración, con los servicios a los contribuyentes, y otro ilegal, “que es el que sufrió Cobos” y los perseguidos por la dictadura.

Siguiendo con ese doble estándar, sostuvo que en la Comisaría 4° existía un orden legal, que el normal, habitual de una dependencia policial, “pero en determinado momento había un orden ilegal”, compuesto por Víctor Hubo Bocos, Víctor Hugo Almirón, Enrique Cardozo, el “Sapo” Toranzos, Flores y otros policías que participaban de actos de terrorismo. “Decimos que la Comisaría 4° formó parte del circuito represivo en Salta”, afirmó.

 

 

Causa Oran: Gentil enfermó y no hubo audiencia

 

El noveno juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Salta tuvo una audiencia fallida ayer debido a que el acusado Miguel Raúl Gentil, que fuera jefe de la Policía de Salta, se enfermó y hubo que suspender las testimoniales previstas.

Gentil cumple prisión domiciliaria en Buenos Aires. Ayer el Tribunal Oral Federal de Salta informó que el jueves sufrió un episodio “cardiológico” y tuvo que ser internado de urgencia en el Hospital Militar, donde le practicaron estudios y, si las condiciones de la salud del ex militar lo permiten, iba a ser trasladado a otro centro asistencial.

Esto se debe a que una disposición del Ministerio de Seguridad de la Nación prohíbe que los acusados, procesados o condenados por actos de terrorismo de Estado sean atendidos en el Hospital Militar, una medida que se tomó luego de la fuga de los represores Gustavo De Marchi y Jorge Olivera, en 2013.

No había ayer mucha información sobre la dolencia que padece Gentil, ni el tiempo que le demandará componer su salud y estar en condiciones de escuchar las audiencias de debate, por lo que las querellas y los fiscales insistieron para que el Tribunal requiera esta información.

De todos modos, para que no haya más demoras en el proceso, el Tribunal decidió que la próxima audiencia, el lunes venidero, tratará sobre la desaparición de Juan de Dios Ortiz, hecho por el que Gentil no está acusado. 

Audiencia Juicio La Veloz: "Boco y Levin eran chanchos amigos"

Por Elena Corvalan. 

 

“(Víctor Hugo) Bocos entraba a la empresa (La Veloz del Norte) como dueño. Decía: ‘Hola che; che, Marcos’”. De esta manera describió el testigo Jorge Alberto Alonso la relación entre Marcos Jacobo Levín, el dueño de La Veloz  y el subcomisario señalado como activo represor: “Bocos iba a la empresa y pasaba a la oficina del dueño, (…) entre ellos eran chanchos amigos”, sostuvo.

Alonso, ya fallecido, fue chofer de La Veloz del Norte. En enero de 1977 quedó entre los empleados acusados por Levín de un fraude a su empresa. Fue detenido, llevado a la Comisaría Cuarta de esta ciudad y torturado con picana exigiéndole que confesara el delito que se le atribuía. Es todo lo que se puede decir de su estancia en la Comisaría porque en 2008, cuando declaró en la Justicia Federal, cerró toda descripción afirmando que vivió momentos que “no desea recordar”, según se asentó en el acta de su testimonio.

Sí dijo que en la Comisaría vio detenido a su compañero de trabajo Víctor Manuel Cobos, y que luego de la detención siguió trabajando en La Veloz, con lo cual entendió que su dueño “tan malo no fue”.

En su testimonio, leído ayer en la última audiencia de incorporación de pruebas en el juicio que ante el Tribunal Oral Federal de Salta se le sigue a Levín y a tres policías retirados por la detención ilegal y los tormentos sufridos por Cobos en 1977, Alonso también recordó que el jefe de la Cuarta era el comisario Víctor Hugo Almirón y que el segundo era el subcomisario amigo de Levín, tanto, que el empresario le había regalado una cupé Torino.

Esto fue todo lo que dijo de Bocos, porque enseguida aclaró que “no quiere recordarlo ni verlo nunca más”.

 

Por amigo de Cobos

También por lectura se corporizó el testimonio del chofer Miguel Ángel Rodríguez (fallecido), quien en 2011 aseguró que su detención en 1977, las torturas y el hostigamiento que padeció en su trabajo, se debieron a que era muy amigo de Cobos y a que simpatizaba con el gremio.

Entre los policías que lo detuvieron estaban Bocos, Enrique Cardozo (el tercero que está siendo juzgado en este proceso) y Figueroa. Lo subieron a un automóvil Ford celeste y le pusieron una capucha. Una vez en la Cuarta lo ataron de pies y manos con una lonja de cuero, lo arrojaron en una pieza oscura y prepararon el ambiente para la tortura: una radio encendida a todo volumen y el ruido de una motocicleta. “Me picanearon en los testículos, en la boca, en los lagrimales”, detalló.

Durante los 17 días que estuvo secuestrado en la Comisaría vio a Levín, y escuchó que preguntaba si ya había confesado. El décimo tercer día lo visitó el juez Jorge Trincavelli y le dijo que “confesara” el fraude. También Cardozo lo apremiaba: “Firmá y te damos la libertad”. Y contó que cuando por fin fue liberado y volvió al trabajo, Levín lo perseguía.

En enero de 1977 Levín denunció ante la Policía a 22 empleados de su empresa. Los acusó de cometer un fraude. Esa denuncia posibilitó a la Policía detener a una quincena de empleados de La Veloz del Norte que fueron torturados en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Comisaría Cuarta, y obligados a firmar declaraciones incriminándose.

Este es el primer caso de un empresario acusado de cometer delitos de lesa humanidad que llega a juicio en el país. El debate continuará el 22 de este mes, con los alegatos.

 

Trabajo de tiempo completo

Entre la prueba documental, se incorporó un informe que da cuenta de la relación de dependencia que tenía el subcomisario Víctor Hugo Bocos con la empresa La Veloz del Norte, para la que cumplía funciones de inspector, según la propia firma lo reconoció en un informe a la Justicia Federal.

Bocos hacía convivir este empleo con el de policía de la provincia. Por entonces era subcomisario y subjefe de la Cuarta, que figura en la lista de centros clandestinos de detención de la CONADEP. En este juicio se han incorporado testigos que dan cuenta de que el policía contaba con apoyo logístico del empresario para realizar su supuesta tarea de inspector en La Veloz. La empresa colaboraba con vehículos para la Policía, y también con otras atenciones, como cajas de vino.

Sobre la participación de Bocos en actos de terrorismo estatal, además de los testigos incorporados en este proceso, ha sido señalado por Cristina Cobos (hermana de Víctor) como uno de los que comandaba al grupo de tareas que el 25 de septiembre de 1976 entró a su casa y mató a su hermano menor, Martín Cobos, que entonces tenía 18 años.

En noviembre de 2012 Cristina declaró en el juicio conocido como Megacausa Salta y recordó que volvió a ver a Bocos en democracia, en el Grand Bourg, donde se comentaba que era “apretador” al servicio del entonces gobernador, Juan Carlos Romero. Y dijo que ordenanzas de la Casa de Gobierno le contaron que solían compartir asados con el subcomisario y que cuando se emborrachaba “se jactaba de que hacía durante la dictadura. Y que también lloraba y una vez nombró al chiquito Cobos” entre sus víctimas.